El derecho a la nacionalidad es fundamental e inalienable, y Uruguay tiene la obligación de prevenir, reducir y eliminar la apatridia, tal como se establece en el derecho internacional. Sin embargo, el Estado uruguayo privó arbitrariamente de la nacionalidad a miles de personas en 1994 y su legislación actual contribuye a la apatridia al permitir imprudentemente que nuevos ciudadanos legales sean privados de su nacionalidad anterior sin otorgarles la nacionalidad uruguaya. Esta falta de cumplimiento está directamente relacionada con cuestiones cruciales de igualdad, especialmente en lo que respecta a la raza, nacionalidad, etnia, género y derechos de los niños. Aunque Uruguay se presenta como comprometido con la igualdad y los derechos humanos, las acciones del Estado uruguayo hoy revelan una adhesión menos rigurosa a estos ideales, especialmente en áreas relacionadas con la nacionalidad y la discriminación.

La negativa a conferir la nacionalidad a las personas apátridas puede derivar de prejuicios históricos, especialmente contra inmigrantes no europeos, que han influido en la interpretación constitucional y las políticas actuales. No hay duda de que las leyes de inmigración pasadas en Uruguay fueron abiertamente discriminatorias y que los prejuicios de esa época continúan afectando las políticas actuales. La narrativa oficial sobre la política de nacionalidad uruguaya se ha perpetuado en el sistema educativo, pero se necesita un esfuerzo concertado para reevaluar y reformular estas políticas para que se alineen con los principios contemporáneos de igualdad y derechos humanos.