El Estado uruguayo hoy día no logra interpretar y aplicar sus obligaciones respecto a la nacionalidad para brindar la máxima protección a los derechos humanos
Discriminación, separación familiar y movilidad restringida
La negativa de Uruguay a emitir pasaportes reconocidos internacionalmente a todos sus ciudadanos legales, en lugar de asignarles nacionalidades basadas en su lugar de nacimiento, agrava problemas de discriminación, separación familiar y movilidad restringida. Esta práctica ignora la discriminación histórica contra individuos de países considerados indeseables y no logra mitigar factores adicionales de vulnerabilidad. Al descuidar estas consideraciones, Uruguay coloca a sus poblaciones más vulnerables en mayor riesgo y socava su compromiso de defender los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos. Se requiere una reevaluación urgente de las políticas de emisión de pasaportes para alinearse con los estándares internacionales de igualdad y derechos humanos, promoviendo un entorno más inclusivo para todos los ciudadanos legales.
Desafíos para los hijos y las hijas de ciudadanos legales en Uruguay
Incluso si la ciudadanía legal uruguaya se equipara a la "nacionalidad", sigue siendo inaccesible para los hijos de ciudadanos legales nacidos antes de la migración de sus padres. Dado que la ciudadanía legal solo se puede adquirir a los 18 años, los niños que emigran con padres que obtuvieron la ciudadanía legal quedan sin nacionalidad uruguaya. Esta política no solo segrega, sino que también marginaliza a los niños según el estatus migratorio de sus padres, socavando los principios de inclusión y igualdad ante la ley. Destaca una discrepancia entre los marcos legales de Uruguay y las obligaciones internacionales para proteger los derechos de los niños, especialmente en lo que respecta a la adquisición de nacionalidad para prevenir la apatridia. Se requiere una reevaluación y modificación urgentes de la política uruguaya para garantizar que todos los niños dentro de su jurisdicción reciban oportunidades y protecciones iguales, independientemente de su lugar de nacimiento o el de sus padres.
La política estatal uruguaya no tiene consideración por protecciones diferenciadas, interseccionales o interculturales
El enfoque de Uruguay respecto al derecho a la nacionalidad carece notablemente de consideración hacia protecciones diferenciadas, interseccionales e interculturales. Lejos de adoptar una postura matizada e inclusiva, las políticas de Uruguay representan una contradicción directa con estos principios. Un enfoque que verdaderamente respete la complejidad de las identidades y circunstancias individuales requeriría establecer vías claras hacia la nacionalidad para cada ciudadano, asegurando que los niños, en particular, tengan acceso sin trabas a la ciudadanía y nacionalidad. La práctica actual de negar uniformemente todas las formas de naturalización y los beneficios derivados de la nacionalidad, independientemente del estatus de un individuo como apátrida, refugiado, perteneciente a una minoría étnica, o su género, situación económica y nivel educativo, pasa por alto por completo estos imperativos.
Principio pro-persona
Uruguay tiene la obligación de reformar de inmediato su legislación o interpretaciones constitucionales para respetar el derecho inalienable a la nacionalidad de todos los ciudadanos. A pesar de la evidencia que muestra que Uruguay otorgaba consistentemente la nacionalidad a sus ciudadanos legales hasta 1994, el país ha retrocedido en esta política y se niega a remediar los daños de manera inmediata. La abrupta privación de los derechos de nacionalidad en 1994 representó una revocación arbitraria de derechos establecidos, ya que muchas personas poseían pasaportes que los identificaban como ciudadanos legales uruguayos sin designar su nacionalidad según su lugar de nacimiento. Esto indica la necesidad de reevaluar las políticas de nacionalidad para garantizar la protección de los derechos de todos los miembros de Uruguay.