La evidencia es clara de que Uruguay privó arbitrariamente a miles de ciudadanos legales de la nacionalidad en 1994

Uruguay tiene la obligación de reformar de inmediato su legislación o interpretaciones constitucionales para respetar el derecho inalienable a la nacionalidad de todos los ciudadanos. A pesar de la evidencia que muestra que Uruguay otorgaba consistentemente la nacionalidad a sus ciudadanos legales hasta 1994, el país ha retrocedido en esta política y se niega a remediar los daños de manera inmediata. La abrupta privación de los derechos de nacionalidad en 1994 representó una revocación arbitraria de derechos establecidos, ya que muchas personas poseían pasaportes que los identificaban como ciudadanos legales uruguayos sin designar su nacionalidad según su lugar de nacimiento. Esto indica la necesidad de reevaluar las políticas de nacionalidad para garantizar la protección de los derechos de todos los miembros de Uruguay.

Uruguay privó a los ciudadanos legales de su nacionalidad y continúa privándolos de ella, lo que los convierte en apátridas. Identifica a personas apátridas y posteriormente "termina" la apatridia otorgándoles un estatus no nacional, lo que de hecho no pone fin a la apatridia. Antes de 1994, documentos oficiales como pasaportes, comunicaciones estatales y tratados reconocían o hacían referencia consistentemente a la nacionalidad efectiva de los ciudadanos legales uruguayos. Sin embargo, un cambio de política significativo en el otoño de 1994 alteró la designación de "nacionalidad" y "ciudadanía" en dichos documentos, previamente señalados como "ciudadano legal uruguayo" o "legal", para reflejar el país de nacimiento, a veces asignando nacionalidades asociadas con naciones inexistentes o pasadas. Este cambio a menudo atribuía una "nacionalidad de nacimiento" a individuos sin verificar si dicha nacionalidad era realmente válida legalmente o incluso estaba disponible, ignorando efectivamente el potencial de crear apatridia.

La revocación de la ciudadanía uruguaya a ciudadanos legales uruguayos en 1994 ocurrió sin una clara justificación estatal. La ausencia de documentación legislativa o ejecutiva que respalde este cambio de política indica una falta de alineación con las obligaciones legales internacionales. Contrariamente a las afirmaciones de Uruguay, la evidencia histórica demuestra que los ciudadanos legales uruguayos fueron previamente reconocidos con la nacionalidad de "ciudadano legal uruguayo". La afirmación contemporánea de que la Constitución requería tal discriminación parece ser una racionalización post hoc, potencialmente motivada por intenciones discriminatorias, desafiando los principios de igualdad y no discriminación en el derecho internacional.